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Diario ABC. 26/02/07.- Barra libre de licencias urbanísticas en Foz
E.P.RODRÍGUEZ-SOMOZA. LUGO.
26-2-2007 09:25:39
La especulación urbanística está a la orden del día en algunos municipios costeros como el Foz, en Lugo. Mientras que Marbella se lleva las portadas de los periódicos, algunas localidades hacen de las suyas a la sombra. No hay más que mirar hacia atrás en el tiempo para comprobar que lo que hasta hace poco se conocía como una pequeña villa de la Marina Lucense, un espectacular dibujo en la geografía gallega, se ha transformado en un complejo urbanístico de primer orden cuyo crecimiento parece no tener fin.
Éste no es más que otro ejemplo de que la inversión en ladrillo sigue siendo una de las mejores opciones, eso sí, sin importar el coste que ello suponga. Llegados a este punto, no parece haber otra alternativa que la de poner freno a un desarrollo urbanístico incontrolado.
Mientras que la ciudad de Vigo pide a gritos que se apruebe el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), rechazado por la Xunta, para poder disponer de suelo urbanizable e industrial, municipios como el de Foz se dedican a conceder licencias como churros. El 27 de marzo de 2006 la Junta del Gobierno Local dio luz verde a la construcción de 717 viviendas sin contar con el preceptivo informe jurídico, dos días más tarde sumaba otras 1.350 en las mismas condiciones.
«A la vista de todos»
Si bien, la noticia gana en relevancia cuando es la Xunta la que toma cartas en el asunto. El departamento gallego de Política Territorial, consciente de las irregularidades de la corporación focense, al conceder los citados permisos de construcción unos días después de que el pleno dictaminará la suspensión de licencias para el inicio de la tramitación del PGOM, dio de plazo al Ayuntamiento hasta el 23 de febrero para que procediera a anular las 40 solicitudes. No siendo así, el pasado viernes el Gobierno autónomo iniciaba los trámites necesarios para elevar al Consello de la Xunta la propuesta de interponer un contencioso-administrativo contra la desestimación del Ayuntamiento de Foz de no proceder al requerimiento solicitado.
En este caso al alcalde del citado municipio lucense, José María García Rivera, no le han servido los colores de las siglas de su partido, el PSOE, para amortiguar el golpe y desviar la atención sobre una actuación a todas luces irregular. El Ejecutivo gallego no ha tenido otra opción, y es que, lejos de poder hacer a vista gorda, la evidencia clama al cielo. «El modelo de Foz es preocupante y muy distinto al que defiende la Xunta, porque no garantiza el desarrollo sostenible y no es un buen ejemplo para el resto de ciudades y villas. Los resultados de la edificación están a la vista de todos», señaló el director general de Urbanismo, Ramón Lueje.
Desafiante y confiado
Comparten partido político, pero ello no ha impedido el enfrentamiento entre ambos. El pasado 12 de febrero García Rivera se mostraba convencido de que los permisos no serían finalmente revocados, tranquilizando así a los compradores y constructores de las viviendas afectadas. El regidor llegó incluso a redoblar su desafío a la dirección socialista: «Si me dicen que no puedo presentarme a la reelección por este rifirrafe, montaré una candidatura independiente». Una política de hechos consumados que, cabe recordar, fue duramente condenada la semana pasada por el propio presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño, comprometido con «poner fin al «todo vale» en materia de urbanismo».
No contento con ello, el primer edil responsabilizó a la oposición municipal de un conflicto que califica de «error administrativo, al desconocer la ilegalidad del proceso. No somos juristas», sentenció. Bien es cierto que no tardó en recular, quizás al ver que la amenaza del Gobierno gallego no era broma: «Necesitamos tiempo, hay cuarenta mil contenciosos por ahí, esto se resolverá entre Administraciones y no hará falta llegar a esa vía, estoy seguro», en clara referencia al litigio anunciado, paso previo a la retirada de las competencias urbanísticas.
Situación, la relatada, que invita a la reflexión, a falta de una fórmula ágil que permita privar a los ayuntamientos de meter la mano en el cazo. El descaro con el que Foz obliga a la Xunta a recurrir a los tribunales y su implícito desprecio a la Justicia necesitan freno de inmediato.
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